Pronunciamiento de la Coordinación de Pueblos del Sur

Allí, donde la Constitución escrita no corresponde a la real,

Estalla inevitablemente un conflicto.

-Ferdinand Lassalle, ¿Qué es una Constitución? 1862.

rayuela

En septiembre de 1821, una comisión encargada de elaborar la convocatoria a la primera asamblea constituyente de nuestro país determinó que una mitad de los diputados serían electos por el pueblo y la otra mitad serían representantes de corporaciones o de las clases sociales: la iglesia, los comerciantes, los terratenientes.  Tan solo unos meses antes, Agustín de Iturbide justificaba la forma en la que había elegido a los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa -primera autoridad política del México independiente:

Fue elegida por mí, pero no a mi arbitrio, pues quise sobre todo en su totalidad llamar a aquellos hombres de todos los partidos que disfrutaban cada uno en el suyo el mejor concepto, único medio en estos casos extraordinarios de consultar la voluntad del pueblo.[1]

En su momento, hubo quienes levantaron la voz frente a las imposiciones del emperador. José de San Martín, integrante del clero que apoyó a José María Morelos, dijo que los diputados de las clases y las corporaciones no serían representantes de la nación sino de los grupos que los eligieron.  [2]

¿Acaso nos recuerda algo nuestra propia historia? ¿No nos muestra las similitudes en el origen y el ejercicio del poder del México de ayer y el de hoy? ¿Acaso no pretenden los nuevos seguidores de Iturbide que sacrifiquemos nuestras libertades políticas con justificaciones autoritarias? ¿Dónde están ahora las voces que luchan por la máxima libertad y democracia?

En la Ciudad de México, veintiocho notables, elegidos como desde la perspectiva de Iturbide, “no al arbitrio”, sino por ser “aquellos hombres de todos los partidos que disfrutaban de cada uno en el suyo el mejor concepto”, son los encargados de redactar un texto constitucional para Miguel Ángel Mancera, según lo dispuesto por la Reforma Política del DF y el Pacto por México. Será el Jefe de Gobierno quien presente la propuesta final al “constituyente”.

Quienes decidieron participar en ese proceso no redactarán de forma directa una Constitución para los habitantes de la Ciudad sino para el gobernante responsable de las peores políticas públicas en los últimos años, con uno de los peores índices de aprobación en su desempeño. Decidieron otorgar al gobierno de Mancera, hundido por completo en una crisis de legitimidad, un acto de lucimiento y expiación.

Si desde su concepción la propuesta del texto constitucional carece de toda legitimidad, el proceso para su aprobación no ofrece mayores ventajas democráticas. La iniciativa será presentada ante cuarenta diputados que no serán electos por el voto popular, tal y como lo quiso Iturbide en su momento. Ningún constitucionalista puede estar de acuerdo con la conformación de esta asamblea. No hay quien pueda justificar en términos democráticos este “constituyente” y, sin embargo, se nos pide participar bajo estas reglas autoritarias.

¿Puede existir un constituyente en el cual sus miembros sean designados por un poder constituido? ¿Un constituyente acotado por la reforma política? No estamos frente a un acto de creación constitucional, sino ante un acto administrativo, una reforma. Estamos frente a una burocracia, un poder delegado, una imposición por parte de los grupos en el poder.

Si esta Constitución no surgió del propio pueblo ¿De dónde surgió la propuesta, a qué intereses puede responder?

Pueblos, barrios, colonias y la mayoría de los habitantes de la ciudad; los que la vivimos a diario, bajo múltiples edificios, polución desmedida y escasez de servicios, falta de acceso a un trabajo digno y a la educación, ligado a una inseguridad rampante y en ascenso; hemos notado que nuestros derechos no se garantizan de forma plena. Los desarrollos inmobiliarios y comerciales que crecen cada vez más, han ocasionado problemas como falta de agua, enfermedades respiratorias, gente sin techo y sin la posibilidad de mantener un patrimonio estable. La Ciudad de México se ha convertido en una vorágine que destruye lo comunal para dar pie a lo comercial; y aunque salimos a las calles a manifestar nuestro descontento, las soluciones no son visibles y mucho menos las instancias de interlocución para denunciar qué es lo que están haciendo mal.

Las propuestas que surgen de la reforma política, como aquella que pide se establezca un Consejo de Desarrollo Metropolitano, con facultades supraestatales,  de carácter totalmente anti democrático, y el contexto en el que se llevará a cabo el proceso constituyente, con una conferencia mundial en materia de desarrollo urbano llamada Hábitat, que podría cambiar por completo las relaciones entre las ciudades y sus habitantes para favorecer intereses privados, así como las propuestas de Rosario Robles para modificar las leyes nacionales en materia de desarrollo urbano, son una muestra de la influencia que ejercerá el poder Ejecutivo y empresarial en la definición de este “constituyente”.

Así, a medida que experimentamos lo que es vivir en esta metrópoli tan ambiciosa, descubrimos que efectivamente no puede ocurrir una economía capitalista sin derecho capitalista. Se requiere de cambiar o “flexibilizar” las leyes para que pueda haber una mejor interlocución con el gobierno y los inversionistas, o con los programas de desarrollo que dictan instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. En estos días, pensar que habrá interlocución con el ciudadano, quien también opina y sabe, es un sueño irreal e irrealizable. El diálogo de la Ciudad se da entre billetes y no entre humanos.

Por todo lo anterior, estamos en contra de un “constituyente” que lejos de ser un pacto entre nosotras y nosotros como pueblo y los gobernantes, sea entre el gobierno y la gente poderosa. No nos engañemos con la idea de que esta podría ser una constitución revolucionaria, ya sabemos la distancia que existe entre las normas y la verdadera aplicación de la ley. Así, en los próximos meses, se redactará una Constitución para la Ciudad de México, en la cual apreciamos que el derecho servirá al capital para garantizar que las inversiones de personas poderosas rindan frutos en la megalópolis de Miguel Ángel Mancera.

Una Constitución, tendría que dar pie a resolver los conflictos y necesidades que aquejan a las personas, y convertirse en los principios bajo los cuales actuaremos; sin embargo, los redactores de Mancera y Peña Nieto, olvidan la importancia de recoger ese espíritu latente en las demandas sociales que se enuncian día con día. Cualquier perfil que diga ser capaz de escribir la Constitución de la Ciudad de México, ha olvidado lo qué es una Constitución. Con lo cual, afrontamos un proceso autoritario que tendrá como producto un escrito que se aleja de lo real.

Es el gobierno actual —Mancera, Peña Nieto y los partidos políticos, quien decidirá la suerte final de las redacciones y su aplicación, especialmente de aquellas que se acerquen más a las necesidades del pueblo. Tal como sucede actualmente con la Constitución de 1917: o bien se ha reformado para negar la aplicación y realización derechos que en primera instancia parecieran enarbolar, o de manera impune se han violado las leyes escritas para satisfacer los intereses propios y los de la iniciativa privada, lo que niega al pueblo el acceso a la justicia y el cumplimiento de sus derechos. No esperamos una situación diferente a partir de este proceso de reforma.

Es cierto que este proceso ha generado el interés legítimo de muchos grupos por pensar: cuál es la ciudad que queremos, por lo que no nos negamos a la intención de la elaboración de una verdadera Constitución, sino repudiamos la manera en cómo se construirá, y como desde su origen está sometida a un poder monetario y no a uno popular.

El panorama negativo nos obliga a abogar por una Constitución que demuestre estar apegada a las múltiples realidades que vivimos las y los ciudadanos de a pie, a buscar múltiples formas de incidir, para que las conquistas sociales—como el derecho humano al agua— se cumplan y permanezcan en la palabra escrita de la ley. Permitir que sean los hombres más poderosos del mundo los que escriban nuestras leyes, significaría otorgar plenamente nuestros derechos a personas que sólo buscan el lucro por encima de la vida.

Tenemos que partir de los principios mínimos que defenderemos a toda costa, como el agua, la educación, la tierra, el trabajo y por supuesto la vida. Comencemos esta lucha, pensando en que cada paso que demos, después será una palabra escrita, y que cada sentimiento y deseo para lograr la ciudad que queremos se transformará en ley. Es necesario que sea el pueblo quien redacte y construya su propio futuro.

Por todo lo anterior, los pueblos, organizaciones y movimientos en resistencia territorial, manifestamos

 

PRIMERO.  Rechazamos el carácter antidemocrático del “constituyente” y manifestamos de forma tajante que no hay constituyente sin sujeto constituyente, sin pueblo.

SEGUNDO. Rechazamos las violaciones a los derechos de los pueblos originarios de la “Ciudad de México”, toda vez que no se garantizó su plena participación en el proceso.

TERCERO. Rechazamos la imposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los integrantes de los pueblos originarios participen en el constituyente únicamente a través de los partidos políticos.

CUARTO. Rechazamos la creación del Consejo de Desarrollo Metropolitano, por ser una instancia de carácter supra estatal que no garantizará mejores condiciones para la zona, sino que propiciará la concentración del poder en pocas manos.

QUINTO. Convocamos a todos los movimientos en resistencia territorial que han luchado contra megaproyectos, plazas comerciales, desarrollos inmobiliarios, en defensa de sus derechos humanos al agua, a la vivienda, al patrimonio cultural, a la vida, a la unidad frente a los intentos de imponer un proceso constituyente sin nosotras y nosotros.

SEXTO. Convocamos a los pueblos originarios de toda la Ciudad, de Milpa Alta a Azcapotzalco, a conformar un frente común por la autonomía y la libre determinación, en el que se decida la relación que existirá entre los pueblos y el gobierno de la nueva Ciudad.  Manifestamos que ninguna norma puede ser aprobada sin la consulta a los pueblos, de acuerdo a los más altos estándares establecidos a nivel internacional.

SÉPTIMO. A todos los habitantes de la ciudad y sus periferias, proponemos la realización de encuentros y asambleas a partir de los cuales se inicien los trabajos rumbo a la realización de un verdadero proceso en el que seamos las y los habitantes de este territorio, y no los grupos en el poder, quienes decidamos el contenido de un nuevo pacto social. Por lo anterior, proponemos la creación de comités o coordinaciones en las delegaciones, especialmente al sur de la Ciudad, que puedan avanzar en la conformación de asambleas generales, independientes, en las que definamos nuestro presente y nuestro futuro. Vamos rumbo a la creación de un Congreso en el que sea el pueblo como legítimo sujeto constituyente, quien exprese y construya la Ciudad y el Campo que queremos para Todas y Todos.

 

Desde el Sur del Valle del Anáhuac

Coordinación de Pueblos del Sur

[1] Ver: El Primer Constituyente mexicano en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932012000200010

[2] Ver: El constituyente del Distrito Federal: de vuelta al siglo XIX en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6947

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